Los autores concluyen que los niños más pobres, rurales, indígenas y con madres con menor educación tienen más limitaciones para acceder a la educación inicial y secundaria, así como alcanzar buenos niveles de aprendizaje, en comparación con sus pares. Con una prueba de vocabulario receptivo (Peabody) se determinó que las brechas en el rendimiento de los niños de familias más pobres y madres con menor educación, versus hogares más privilegiados son observables al menos desde los 5 años de edad, y luego no se reducen, pese a que los niños asisten a la primaria; esto no debería suceder en un sistema educativo con equidad. Esta situación se vincula a la insuficiente inversión pública en las escuelas donde asisten los niños más pobres y rurales, reflejada en deficiente infraestructura, mobiliario y material pedagógico. Además, los estudiantes más pobres suelen tener profesores con menores habilidades pedagógicas. El capítulo concluye de manera optimista porque: 1) el acceso ha aumentado en todos los niveles educativos; 2) el presupuesto para educación se ha estado incrementado (2011-2016); y 3) hay signos positivos en el rendimiento promedio de los estudiantes, aunque con alta inequidad. Dado esto último, el Estado tendría que destinar mayores recursos económicos y capital humano para las escuelas a las que asisten los estudiantes más vulnerables, de modo que se puedan compensar carencias vinculadas a los entornos en que se desarrollan.
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